Leire Gutiérrez Vázquez. Instituto Autor. 04/01/2012

El Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre, por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual prevista en la  llamada da ‘ley Sinde’, ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado y entrará en vigor en dos meses. La Comisión de Propiedad Intelectual será un órgano colegiado de ámbito nacional adscrito a la Subdirección General de Propiedad Intelectual del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

La revolución digital está suponiendo una oportunidad formidable para la creación y la difusión de los contenidos culturales, pero también ha hecho surgir nuevas modalidades de defraudación de los derechos de propiedad intelectual a través de los propios servicios de la sociedad de la información, que intentan obviar que la puesta a disposición del público de obras o prestaciones protegidas sólo es lícita cuando cuenta con autorización por parte del titular de los derechos de propiedad intelectual o con amparo en algún límite legal de éstos. Este conjunto de circunstancias está ocasionando, además de la vulneración de los derechos de propiedad intelectual mediante páginas de Internet, cuantiosas pérdidas al sector de las industrias culturales con la consiguiente destrucción de empleo y riqueza de un sector que genera cerca del 4 por 100 del Producto Interior Bruto español.

Con la publicación de este Real Decreto, el Gobierno de Mariano Rajoy, adopta sus primeras medidas para salvaguardar los derechos de la propiedad intelectual y dinamizar las industrias culturales. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicaba tras el Consejo de Ministros, que la Comisión de Propiedad Intelectual se ocupará de "proteger los derechos de los propietarios, creadores y otros titulares frente al expolio lucrativo de las webs de descargas ilegales". Sáenz de Santamaría precisó también, que "solo se va a actuar, y siempre con la correspondiente protección judicial, frente a quienes indebidamente se lucren de los derechos de propiedad intelectual de otros".

El Real Decreto amplía el cometido de la Comisión de Propiedad Intelectual, que tenía funciones de mediación y arbitraje, a otras actuaciones que estarán dirigidas a la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual. Para ello se establece un procedimiento de naturaleza mixta, administrativo y judicial, que requiere la intervención del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo y que garantizará la integridad de los derechos fundamentales afectados.

La vicepresidenta destacó que con estas medidas "España entra en el estándar internacional de lucha contra la piratería".

Adjuntamos el Real Decreto al final de la noticia.